Picacho 259, un empresario vinculado con proveedores electorales y el nombre de un exfuncionario del INE aparecen en una investigación que conduce de la Ciudad de México a Sonora y luego al Estado de México.
La residencia, ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, está valuada en más de 24 millones de pesos, según una inmobiliaria consultada para esta investigación.
Esa casa fue señalada por un testigo como el lugar donde presuntamente se negociaban contratos electorales, se acordaban nombramientos y se entregaba dinero en efectivo a funcionarios.
El testigo identifica al empresario José Alfredo Hernández Casillas como una figura central de la operación que describe. Sostiene que promovía aspirantes a consejerías de organismos electorales estatales y que, posteriormente, desde su entorno se gestionaban contratos para empresas relacionadas con él.
La fuente aceptó hablar bajo condiciones: que acudiera sola y que no grabara su voz. Mi condición fue tomar notas. Una de las entrevistas duró más de tres horas y, durante varios días, cotejamos nombres, fechas, contratos, cantidades y entidades.
Durante esos días me trasladaba a Picacho 259. Desde la calle observaba vehículos de alta gama con guaruras. También pude observar una fachada en tonos beige y café, una reja oscura y un acceso vehicular a desnivel.
La calle cuenta con cámaras de seguridad, según pude constatar durante mi recorrido. De acuerdo con el testimonio, también habría videovigilancia al interior de la residencia.
Si las grabaciones todavía existen, podrían convertirse en una pieza para que las autoridades identifiquen a quienes acudían y contrasten el relato del testigo.
Una parte de la investigación conduce a Jesús Octavio García González, quien fue encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
Según el testigo, Octavio conoció a Taddei cuando ella llegó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y fue él quien le presentó a José Alfredo Hernández Casillas. La fuente sostiene, además, que Octavio tuvo vínculos con empresas relacionadas con el empresario.
Durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del instituto electoral sonorense, en 2021, se adjudicó a Cajas Graf, empresa relacionada con Hernández Casillas, una operación por 40 millones 413 mil 262 pesos más IVA. Con el impuesto, la cantidad asciende a 46 millones 879 mil 383 pesos con 92 centavos.
El nombre de Jesús Octavio García González aparece también en un acta de Morelos. El 18 de marzo de 2024 firmó como representante legal de Corporativo ZEG, empresa relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, en una junta de aclaraciones de una licitación electoral.
Después, el INE lo identificó como encargado de despacho de su área de administración.
La ruta de documentos que hemos revisado nos llevó de Picacho 259 al Estado de México.
El 26 de septiembre de 2024, el Consejo General del INE, presidido entonces por Taddei, designó a July Érika Armenta Paulino, Sayonara Flores Palacios y Flor Angelí Vieyra Vázquez como consejeras del Instituto Electoral del Estado de México. Las tres iniciaron funciones el primero de octubre de ese año.
El 14 de marzo de 2025 participaron en una votación del Consejo General mexiquense. El acuerdo fue aprobado por unanimidad de sus siete integrantes.
Once días después, el instituto firmó el contrato 109/25/AD con Cajas Graf, empresa relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, para adquirir 20 mil cajas y 10 mil urnas por 15 millones 732 mil 100 pesos. El contrato cita el acuerdo aprobado por el Consejo.
Las designaciones, la votación y el contrato forman una secuencia documentada. Por sí misma, esa secuencia no demuestra que el empresario haya promovido a las consejeras, que Taddei les haya dado instrucciones ni que se hayan entregado comisiones.
La cercanía entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas ya había quedado expuesta en un video difundido por Latinus, en el que ambos aparecen durante una celebración de fiestas patrias.
La investigación continúa porque una denuncia exige ser escuchada y probada.
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