Francisco Reséndiz
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos arrancó una bestial persecución contra migrantes que ha llevado a la muerte de por lo menos 17 mexicanos a manos de los brazos ejecutores de una política migratoria marcada por el racismo, la persecución y la sinrazón.
Con el retorno de Trump comenzó una de las etapas más severas contra la migración irregular. Redadas, detenciones masivas y deportaciones volvieron a convertirse en el eje de una estrategia que mantiene bajo permanente presión a millones de migrantes, particularmente mexicanos.
La Secretaría de Gobernación reporta que entre enero y mayo de 2026 el gobierno estadounidense devolvió a México 75 mil 750 personas. Desde el inicio de la segunda era trumpista, el 20 de enero de 2025, la cifra supera ya los 221 mil connacionales. Son miles de historias de mexicanas y mexicanos para los que el sueño americano nunca llegó.
Los tres últimos gobiernos mexicanos han debido enfrentar distintas expresiones de esa política migratoria. Enrique Peña Nieto convirtió los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos en centros de defensa legal para los connacionales; Andrés Manuel López Obrador insistió en el respeto a los derechos de los migrantes; y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ir un paso más allá al promover denuncias contra ICE por la muerte de mexicanos bajo custodia o durante operativos.
Vale la pena entender, también desde lo macro, porqué indigna lo que ha pasado con los mexicanos perseguidos y muertos bajo custodia migratoria estadounidense o a manos de agentes ICE.
La comunidad mexicana no se trata de una comunidad menor. Todo lo contrario. De acuerdo con el capítulo México del Observatorio de Migración Internacional y Movilidades Humanas, en Estados Unidos viven 40.6 millones de personas de origen mexicano entre primera, segunda y tercera generación. Su aportación económica resulta determinante para la principal economía del mundo.
El Latino Donor Collaborative Think Tank estima que los mexicanos generan 2.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto estadounidense y un consumo anual de 1.5 billones de dólares. Tan sólo en California generan 833 mil millones de dólares (20.5% del PIB estatal); en Texas, 629 mil millones (22.7% del PIB estatal); y en Nuevo México, 46 mil millones (30.6% del PIB estatal). Alguien debería recordárselo a Trump.
Por eso resultan todavía más indignantes las muertes de mexicanos vinculadas al aparato ejecutor de la política migratoria de Donald Trump. El balance oficial establece que 14 fallecieron bajo custodia migratoria y tres más durante operativos de detención. Claro, las circunstancias son distintas en cada caso y deben ser investigadas a fondo y, si en su caso, castigar a los responsables. ¿O acaso no presumen la fortaleza de su poder judicial?
Algunos murieron después de sufrir complicaciones médicas dentro de centros de detención; otros fueron clasificados por las autoridades estadounidenses como aparentes suicidios; uno perdió la vida durante el ataque armado perpetrado por un tercero contra una instalación de ICE; y tres fallecieron durante operativos migratorios en los que se utilizó fuerza letal.
Pero todos comparten un mismo denominador: murieron cuando estaban bajo la responsabilidad del sistema migratorio estadounidense.
Abelardo Avelleneda-Delgado falleció tras una emergencia médica; Jesús Molina-Veya fue encontrado muerto en un centro de detención; Jaime Alanís García cayó del techo de un invernadero al intentar escapar de una redada; Lorenzo Antonio Batrez Vargas murió después de ser hospitalizado; Óscar Rascón Duarte falleció bajo custodia; Silverio Villegas González murió por disparos de un agente de ICE; Ismael Ayala-Uribe falleció tras complicaciones médicas; Miguel Ángel García Hernández murió después del ataque armado contra una instalación de ICE en Dallas; Leo Cruz-Silva fue encontrado muerto en una cárcel utilizada por ICE; Gabriel García-Avilés falleció en el centro de detención de Adelanto; Heber Sánchez-Domínguez murió en una instalación migratoria de Georgia; Alberto Gutiérrez-Reyes falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio; Royer Pérez Jiménez murió en un centro de detención de Florida; José Guadalupe Ramos-Solano falleció tras no recibir atención por una descompensación derivada de altos niveles de azúcar en la sangre; Alejandro Cabrera Clemente murió en Luisiana; Félix Alcorta Rodríguez falleció en Laredo; y Lorenzo Salgado Araujo murió por disparos durante un operativo en Houston.
Cada uno tiene un expediente. Cada uno tiene una familia. Cada uno merece una explicación.
Por eso la decisión del gobierno mexicano de acudir a los tribunales estadounidenses no puede verse únicamente como un diferendo diplomático. Es la exigencia de que se esclarezcan 17 muertes ocurridas bajo la custodia o durante acciones de una autoridad del Estado estadounidense.
Una comunidad que aporta tanto al crecimiento y la prosperidad de Estados Unidos no merece terminar convertida en una estadística de una política migratoria racista y violenta. Detrás de esos expedientes no hay solamente números, se trata de miles de mexicanos que confiaron en un país para entregarle su vida a cambio de mayor bienestar.
Hay números que dejan de ser una estadística para convertirse en un símbolo. Diecisiete ya lo es. Hay diecisiete nombres. Y diecisiete razones para exigir justicia.
RADAR
EL SENADO. Definitivamente, mientras Gerardo Fernández Noroña expresa en público su inconformidad porque prácticamente la 4T lo ha dejado fuera de la posibilidad de repetir en la presidencia del Senado, desde el PVEM ha comenzado a consolidarse una figura con capacidad para construir acuerdos en la Cámara alta: Jorge Carlos Ramírez Marín.
El yucateco es de esos políticos elegantes, discretos y efectivos que pocas veces levantan la voz, pero suelen conseguir resultados. El propio Ramírez Marín sostiene que cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar el cargo y recuerda su trayectoria legislativa y su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados. No hará campaña y la decisión la dejará en manos de Morena, que hoy tiene frente a sí la oportunidad de tomar una gran decisión correcta.