La gobernadora de Baja California señaló que el exgobernador Jaime Bonilla la puso en contacto con personas que se presentaron como agentes de Estados Unidos. Afirmó que la conversación fue grabada y difundida con fines políticos.
Mexicali, Baja California; 15 de julio de 2026.— La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que fue víctima de una «trampa» luego de la difusión de un audio de una conversación con personas que se identificaron como agentes de Estados Unidos, encuentro que, afirmó, fue gestionado por el exgobernador Jaime Bonilla.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal explicó que en diciembre de 2025 aceptó reunirse con dichas personas después de que Bonilla le ofreciera apoyo para abordar el tema relacionado con la cancelación de su visa de turista estadounidense.
Marina del Pilar señaló que los fragmentos del audio difundidos recientemente corresponden a esa reunión y sostuvo que fueron publicados fuera de contexto.
Según la gobernadora, durante la conversación los supuestos agentes estadounidenses plantearon posibles cargos y procedimientos judiciales, situación que calificó como sorpresiva y que la llevó a solicitar que cualquier comunicación posterior se realizara a través de su abogado, Michael Nadler.
La mandataria afirmó que, tras esa petición, los presuntos funcionarios no volvieron a establecer contacto con su representante legal ni presentaron documentación relacionada con el caso. Agregó que considera que el objetivo de la grabación fue afectar su imagen pública.
Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que el contenido del audio difundido no muestra que la gobernadora haya compartido información que comprometiera la seguridad nacional o la seguridad de Baja California.
En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, con base en el contenido conocido de la grabación, no se advierte la existencia de elementos que permitan considerar la comisión de un delito que deba ser investigado por las autoridades federales.
La controversia ocurre en un contexto de diferencias políticas entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla. En 2022, cuando era senador, Bonilla realizó señalamientos públicos sobre la administración estatal en relación con hechos de violencia registrados en Baja California.