La FGR mantiene la audiencia inicial contra Ernesto Ruffo Appel y otros siete detenidos, acusados de integrar una red dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos, con un presunto daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 18 de julio de 2026. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) prepara el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros siete detenidos al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, mientras continúa la audiencia inicial por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la organización habría introducido ilegalmente hidrocarburos provenientes de Texas, Estados Unidos, utilizando transporte ferroviario y omitiendo el pago de impuestos, lo que habría provocado un daño estimado al erario de más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.
La audiencia comenzó el viernes a las 13:00 horas mediante videoconferencia. Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó las pruebas para imputar a los ocho detenidos por los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, considerados de prisión preventiva oficiosa.
El proceso ha registrado varios recesos para permitir que las defensas revisen el expediente y preparen su estrategia jurídica. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega dirige la audiencia desde el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que los imputados comparecen desde las instalaciones de la Femdo.
En la sede de la fiscalía ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes se mantienen listos para efectuar el traslado de los acusados al penal federal de máxima seguridad una vez que concluya la etapa procesal correspondiente.
Según las investigaciones de la FGR, la organización utilizaba más de un centenar de carros tanque ferroviarios para ingresar combustible al país. Aunque en la documentación aduanera se declaraban cargamentos de 10 mil litros por contenedor, las indagatorias indican que cada uno transportaba hasta 110 mil litros, sin cumplir con las disposiciones de importación ni cubrir las contribuciones fiscales.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó previamente que las investigaciones permitieron reconstruir la estructura operativa y financiera de la organización, la cual presuntamente trasladaba combustibles desde refinerías de Texas hacia la aduana de Matamoros, Tamaulipas, para posteriormente distribuirlos en diversas entidades del país.
La FGR sostiene que las operaciones estaban vinculadas con la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel es señalado como accionista mayoritario.