El exgobernador de Baja California compareció de manera virtual ante una jueza federal para conocer las acusaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos relacionadas con una presunta red de contrabando de combustible.
Ciudad de México; 17 de julio de 2026.— El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, compareció este viernes de manera remota desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) ante la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante la audiencia inicial, el exmandatario conoció formalmente las acusaciones en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, derivados de una investigación sobre una supuesta organización dedicada al contrabando de combustible hacia México.
La diligencia comenzó alrededor de la 13:00 horas y fue suspendida temporalmente a las 14:00 horas para que la defensa de Ruffo Appel revisara el contenido de la causa penal 253/202.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), si al concluir la audiencia la autoridad judicial determina que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso, el exgobernador será trasladado al Cefereso número 1, donde permanecería sujeto al proceso penal correspondiente.
La FGR informó que, hasta el momento, Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas han sido detenidas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible desde Texas, Estados Unidos, hacia territorio mexicano.
Según las investigaciones, la organización utilizaba más de un centenar de carros tanque ferroviarios para ingresar hidrocarburos al país. Las indagatorias señalan que en los documentos aduanales se declaraban cargamentos de 10 mil litros por contenedor, aunque presuntamente se introducían hasta 110 mil litros, sin cubrir las obligaciones fiscales correspondientes.
Las autoridades federales también vinculan las operaciones con la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es señalado como accionista mayoritario.
La FGR estima que las operaciones realizadas entre enero y julio de 2025 ocasionaron un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos, debido a la presunta evasión de impuestos por la importación irregular de combustibles.
La audiencia fue reanudada a las 19:00 horas, sin acceso para los medios de comunicación. En ella, la Fiscalía presentará las pruebas relacionadas con los movimientos de hidrocarburos, operaciones financieras y transferencias nacionales e internacionales que forman parte de la investigación.