La presidenta informó que el SAT y la UIF investigan posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con contratos electorales atribuidos a los hermanos Hernández Casillas.
CIUDAD DE MÉXICO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2026.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las investigaciones sobre los hermanos Hernández Casillas, proveedores de servicios electorales, incluyen posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con recursos provenientes de contratos públicos, aunque precisó que hasta ahora no se ha encontrado evidencia de que pertenezcan a algún grupo de la delincuencia organizada.
Durante su conferencia de prensa de este jueves, la mandataria explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisan movimientos de recursos que presuntamente habrían sido transferidos entre distintas cuentas bancarias.
Sheinbaum señaló que las operaciones investigadas no implican necesariamente vínculos con organizaciones criminales, sino que podrían corresponder a recursos obtenidos mediante contratos y posteriormente transferidos de manera irregular a otras cuentas.
Indicó que, una vez que la UIF reúna y analice la información bancaria, determinará si existen elementos para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La presidenta también mencionó que las investigaciones podrían derivar en procedimientos administrativos, de acuerdo con los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las autoridades competentes.
Respecto a la ubicación de los hermanos Hernández Casillas y de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, Sheinbaum dijo que, según la información disponible, presumiblemente continúan en México.
Agregó que ni el Instituto Nacional de Migración ni integrantes del gabinete de seguridad le han informado sobre una posible salida del país de las personas mencionadas.
Sheinbaum plantea cambios en las contrataciones electorales
En el mismo encuentro con medios de comunicación, la titular del Ejecutivo federal llamó a las autoridades electorales a transparentar sus procesos de contratación y establecer lineamientos claros para evitar irregularidades en la adquisición de materiales y servicios.
Señaló que el Consejo General del INE debe establecer mecanismos de transparencia tanto para el organismo nacional como para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las entidades federativas, con miras a los comicios de 2027.
También se refirió al papel de Talleres Gráficos de México (TGM) en la producción de material electoral. Explicó que el Gobierno federal debe fortalecer a esta institución y transparentar sus procedimientos.
En caso de que TGM no cuente con la capacidad necesaria para fabricar las boletas electorales, indicó que podrían contratarse otras empresas, siempre que existan reglas claras y mecanismos de supervisión.
Asimismo, destacó la importancia de establecer una cadena de custodia verificable para las boletas, desde su fabricación hasta su entrega.
Sobre otros materiales, como urnas y mamparas, planteó que se permita la participación de distintas empresas mediante procedimientos abiertos, costos establecidos y criterios de contratación transparentes.
Empresas de los hermanos Hernández Casillas y posibles inhabilitaciones
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que hasta el momento no han localizado contratos de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas en las dependencias de la Administración Pública Federal.
Explicó que no es posible imponer una inhabilitación por presuntas irregularidades cometidas en otro organismo, en este caso el INE, sin que exista un procedimiento conforme a las disposiciones legales.
Precisó que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con atribuciones para intervenir y que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podría retomar una eventual inhabilitación si se cumplen los requisitos legales.
Sheinbaum concluyó que las dependencias y organismos públicos deben fortalecer sus órganos internos de control y los mecanismos de auditoría, mientras continúan las investigaciones sobre las contrataciones electorales.