La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si existen elementos sobre posibles irregularidades en contratos presuntamente otorgados por la gobernadora de Chihuahua a una empresa inmobiliaria en la que tendría participación accionaria, corresponde a las autoridades competentes investigar y determinar si hubo conflicto de intereses.
Ciudad de México, 30 de junio de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que deben investigarse las publicaciones que señalan que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, habría otorgado contratos públicos en beneficio de una empresa inmobiliaria en la que tendría participación mayoritaria, con el fin de determinar si existió un conflicto de intereses.
Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que, si existen elementos suficientes, las instancias competentes deberán revisar si dichas operaciones fueron reportadas en la declaración patrimonial de la mandataria estatal y si la asignación de contratos se realizó conforme a la ley.
«Si hay elementos, hay que investigar para determinar si existe conflicto de intereses o si está reportado en su declaración patrimonial», señaló.
Sheinbaum explicó que, en primera instancia, correspondería a la Auditoría Superior de la Federación revisar si existen posibles anomalías en los procedimientos de contratación.
Añadió que, en caso de que alguna persona presente una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, esa institución tendría la obligación de iniciar las investigaciones correspondientes.
Promoción personalizada de gobernantes
En otro tema, la presidenta fue cuestionada sobre la estrategia de comunicación en redes sociales del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Al respecto, señaló que cada administración define sus propios mecanismos de comunicación con la ciudadanía, pero recordó que la legislación electoral establece límites claros respecto a la promoción personalizada de los servidores públicos cuando se utilizan recursos públicos.
Indicó que la única excepción prevista por la ley corresponde al periodo de 15 días relacionado con la presentación de los informes de gobierno, durante el cual sí se permite la difusión institucional con ese propósito.
Fuera de ese plazo, enfatizó, la promoción personalizada financiada con recursos públicos está restringida por la normatividad electoral vigente.