El PRI acusó al Instituto Nacional Electoral de proteger al oficialismo y limitar la libertad de expresión, luego de que la Comisión de Quejas ordenó retirar publicaciones de Alejandro Moreno en las que vinculaba al gobierno federal con el narcotráfico.
Ciudad de México. La orden del Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar publicaciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en las que vinculaba al gobierno federal con el narcotráfico, generó un enfrentamiento entre representantes del tricolor y consejeros electorales durante la sesión del Consejo General.
El representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, acusó al organismo electoral de proteger al oficialismo y de restringir la libertad de expresión de la oposición.
“Hoy nos pretenden ordenar retirar expresiones incómodas, mañana podría decidirse hasta dónde le está permitida a la oposición cuestionar al gobierno. Esta ruta no protege la democracia, más bien la desmantela”, afirmó durante la sesión.
El también diputado federal sostuvo que el instituto ha modificado su actuación y ahora, dijo, las discusiones se centran en defender al gobierno en lugar de garantizar condiciones equitativas para la competencia política.
Los representantes priistas también criticaron la decisión de declarar inexistente una presunta omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para entregar información solicitada por el INE en un asunto de 2023, resolución que únicamente derivó en dar vista al superior jerárquico del organismo.
Durante el debate, integrantes del PRI calificaron al INE como un órgano censor y aseguraron que su partido no será «tapadera de narcotraficantes, criminales y narcopolíticos». Asimismo, señalaron que mientras se discuten publicaciones en redes sociales, persisten problemas de violencia política en el país.
Las críticas se dirigieron principalmente a los tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, que previamente aprobaron una medida cautelar para ordenar el retiro temporal de las publicaciones de Alejandro Moreno mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
En respuesta, el consejero Arturo Castillo, presidente de dicha comisión, explicó que el análisis se realizó considerando a Moreno en su calidad de dirigente nacional del PRI y no como senador, por lo que no resultaba aplicable la inmunidad parlamentaria.
Castillo rechazó los señalamientos de parcialidad y recordó que las decisiones del instituto se sustentan en la legislación electoral vigente.
«Si no les gusta esto, si les parece que esto desmantela la democracia, no le carguen al INE la responsabilidad de las normas que ustedes mismos construyeron; cámbienlas, pero no nos responsabilicen por aplicar la ley», expresó.
Aunque la sesión tenía como objetivo principal discutir recomendaciones para la cobertura noticiosa de los procesos electorales de 2027, el intercambio entre consejeros y representantes partidistas dominó buena parte de una reunión que se prolongó por más de seis horas.
El PRI adelantó que impugnará la medida cautelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y anunció que también llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).