Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026.— La aplicación de un nuevo sistema de evaluación del desempeño provocó un paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), con protestas, bloqueos y suspensión de actividades en juzgados y tribunales de distintas regiones del país, ante la preocupación de que los resultados puedan afectar su permanencia laboral.
Las movilizaciones comenzaron la madrugada del viernes 6 de noviembre, después de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que regula el proceso de evaluación del personal de carrera judicial.
De acuerdo con los reportes periodísticos, las protestas se registraron en al menos 17 entidades, incluida la Ciudad de México. Otros recuentos de la jornada documentaron suspensiones de actividades en aproximadamente 40 sedes judiciales de 23 estados.
La inconformidad se concentra en el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre, que establece las disposiciones para evaluar el desempeño de secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás personal comprendido en la carrera judicial.
Los trabajadores cuestionan que los nuevos criterios puedan utilizarse posteriormente para determinar su continuidad en los cargos, particularmente por la incorporación de valoraciones que consideran subjetivas y discrecionales.
En la Ciudad de México, empleados judiciales cerraron con cadenas los accesos al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y realizaron manifestaciones en instalaciones ubicadas sobre avenida Insurgentes y Periférico Sur.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, explicó que los inconformes no se oponen a ser evaluados, sino a que el procedimiento pueda utilizarse como un mecanismo de sanción o separación laboral.
La trabajadora demandó que el OAJ deje sin efectos el acuerdo vigente y elabore otro que permita mejorar el funcionamiento de la institución sin comprometer los derechos de sus empleados.
Las movilizaciones también se extendieron a Nuevo León, Baja California, Durango, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, Yucatán y el Estado de México, entre otras entidades.
En Morelos, trabajadores del Poder Judicial federal participaron en las protestas, con reportes de suspensión de actividades en instalaciones de Cuernavaca.
En Tabasco, José Felipe Ochoa Landero, representante del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación, advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse si las autoridades administrativas no ofrecen una respuesta a las demandas laborales.
Uno de los incidentes de mayor tensión ocurrió en Durango, donde Néstor Vargas Solano, titular del OAJ, cayó al suelo durante un forcejeo entre manifestantes que buscaban acercarse al funcionario. El incidente no tuvo consecuencias mayores, según los reportes publicados.
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial emitió un comunicado en el que rechazó que los exámenes programados para diciembre representen una amenaza para la permanencia de los trabajadores.
La autoridad explicó que la primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, sin calificaciones aprobatorias o reprobatorias y sin consecuencias individuales sobre la continuidad laboral del personal.
Precisó que los artículos transitorios cuarto y quinto del acuerdo establecen que esta etapa servirá para identificar necesidades de capacitación, fortalecer conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.
Sin embargo, el propio organismo señaló que posteriormente se realizará una evaluación ordinaria con efectos legales, una vez concluidas las actividades de capacitación correspondientes.
Esta distinción constituye uno de los puntos centrales del desacuerdo, pues mientras las autoridades garantizan que los exámenes iniciales no ocasionarán despidos, los trabajadores buscan certeza sobre las consecuencias de las evaluaciones posteriores.
El dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Gilberto González Pimentel, acudió al Senado de la República para solicitar la intervención de legisladores de la Comisión de Justicia.
El representante sindical informó que se estableció el compromiso de mantener una interlocución institucional para revisar el procedimiento y garantizar el cumplimiento del artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relacionado con la protección de los derechos laborales.
González Pimentel sostuvo que la evaluación del desempeño no debe convertirse en un mecanismo de ceses arbitrarios ni de vulneración de derechos adquiridos.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó preocupación por los criterios establecidos en el nuevo esquema, al considerar que algunos podrían permitir valoraciones subjetivas sobre el desempeño del personal.
El OAJ reiteró que la evaluación constituye una obligación legal y constitucional, y expresó su disposición a mantener el diálogo con las organizaciones sindicales.
El conflicto ocurre durante la reorganización institucional derivada de la reforma judicial, que modificó la estructura de administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación.
Las protestas incorporan una nueva dimensión a ese proceso de transformación: las condiciones laborales de los servidores públicos que participan diariamente en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Aunque las autoridades han descartado afectaciones inmediatas a las plazas, los trabajadores mantienen su exigencia de revisar las disposiciones y establecer garantías sobre su aplicación futura.
La controversia permanece abierta entre la obligación institucional de evaluar el desempeño y la demanda sindical de preservar la estabilidad laboral, mientras las partes buscan establecer mecanismos de diálogo para resolver el desacuerdo.