Legisladores del PAN en la Comisión Permanente pidieron formalmente al Senado declarar la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que existe una crisis institucional derivada de las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Ciudad de México, 13 de mayo de 2026. Las bancadas del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente formalizaron una solicitud para que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en Sinaloa y pida al Ejecutivo federal el envío de una terna para sustituir al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
En el documento presentado, senadores y diputados panistas argumentaron que en la entidad existe una situación de “extrema gravedad institucional” derivada de las acusaciones formuladas desde Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Los legisladores señalaron que la petición no pretende sustituir investigaciones penales ni anticipar una sentencia judicial, sino “restituir el orden constitucional” en la entidad.
Según el PAN, el Senado cuenta con facultades constitucionales para determinar la desaparición de poderes cuando se presenta una alteración grave del funcionamiento institucional de un estado.
En la solicitud sostienen que el caso de Sinaloa no representa únicamente una crisis de seguridad pública, sino un escenario en el que, presuntamente, estructuras del gobierno estatal habrían sido utilizadas en beneficio del crimen organizado.
“No estaríamos frente a un gobierno simplemente rebasado por el crimen organizado, sino ante una situación en la que el aparato público estatal ha sido convertido en infraestructura funcional del propio crimen organizado”, afirmaron los legisladores en el documento.
También argumentaron que, de confirmarse las acusaciones, las instituciones responsables de preservar el orden y combatir el delito habrían actuado para proteger intereses criminales, lo que implicaría una alteración de los fines constitucionales del poder público.
La solicitud ocurre en medio de las investigaciones abiertas por autoridades mexicanas y estadounidenses relacionadas con el presunto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con grupos del narcotráfico.