Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó que cuenta con datos de prueba que considera contundentes contra Ernesto “N”, a quien señala por su probable participación en una red dedicada al contrabando de combustible mediante ferrotanques. La dependencia indicó que la investigación continúa y que el proceso penal no se modifica por el cambio en la medida cautelar.
De acuerdo con la FGR, la empresa de la que Ernesto “N” es accionista presentó movimientos millonarios en cuentas nacionales que resultaron incongruentes con su perfil fiscal. La investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información.
La dependencia también ha señalado que la red investigada habría utilizado documentación con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras para introducir combustible al país y evadir impuestos. La FGR sostiene que Ernesto “N” y otras personas estarían vinculados con este esquema, aunque todos los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido en julio de 2026 y, tras la audiencia inicial, un juez determinó que la prisión preventiva debía cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México. La FGR informó entonces que la imputación incluía los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
El 25 de septiembre, un juez de control modificó el lugar de cumplimiento de la prisión preventiva oficiosa y determinó que se realizara en el domicilio del imputado. La resolución se tomó luego de que la defensa argumentara que es una persona adulta mayor y presentara documentación médica.
El 26 de septiembre, Ruffo dejó el penal de máxima seguridad para continuar el proceso bajo prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California. La medida contempla vigilancia permanente de la Guardia Nacional, la prohibición de salir del país, el retiro de su pasaporte y visa, así como la restricción de acercarse a testigos y personas relacionadas con la investigación.
El exgobernador de Baja California, quien ocupó el cargo entre 1989 y 1995 y fue el primer gobernador de oposición en ese estado, enfrenta el proceso penal mientras la FGR sostiene que la investigación permitió identificar una red de contrabando de combustible que operaba mediante ferrotanques y empresas vinculadas a actividades portuarias.
La Fiscalía señaló que el cambio de lugar para cumplir la medida cautelar no implica la suspensión ni una modificación del proceso penal. La dependencia reiteró su respeto al debido proceso y a las determinaciones del Poder Judicial Federal, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.