La conductora es investigada por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía las ejecutaría si es deportada a México.
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la conductora de televisión Inés Gómez Mont de presunta defraudación fiscal por la omisión del pago de 13 millones de pesos en impuestos, además de investigarla por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante un informe, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló que la conductora habría declarado ingresos menores a los que realmente obtuvo, principalmente durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016. También confirmó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, las cuales serían ejecutadas si es deportada a México.
«Inés ‘N’ goza de la presunción de inocencia (…) de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México», indicó Godoy.
Gómez Mont enfrenta órdenes de aprehensión por delitos fiscales y lavado de dinero
De acuerdo con la titular de la FGR, Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Florida. La detención habría sido por motivos migratorios.
La conductora cuenta con tres órdenes de aprehensión: una emitida a solicitud de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, que la investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por acusaciones relacionadas con defraudación fiscal equiparada y defraudación fiscal.
Godoy señaló que, de acuerdo con las investigaciones, Inés “N” habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de presunta procedencia ilícita, provenientes de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mediante empresas presuntamente utilizadas para simular operaciones.
La conductora mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad.