El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, demandó que la Fiscalía General de la República amplíe la investigación sobre la presunta red de huachicol fiscal e incluya a los ex directores de aduanas que estuvieron al frente de la supervisión del comercio exterior durante los años en que, presuntamente, operó el esquema de contrabando de combustibles.
Afirmó que resulta incongruente centrar las indagatorias únicamente en el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuando las autoridades aduaneras eran las responsables de verificar la entrada de combustibles, revisar la documentación correspondiente y supervisar que las importaciones cumplieran con la normatividad vigente.
Sostuvo que un mecanismo de evasión fiscal de las dimensiones señaladas por la Fiscalía difícilmente habría podido operar sin omisiones o fallas en los controles oficiales, por lo que insistió en que las investigaciones deben alcanzar a todos los funcionarios que tenían responsabilidad directa sobre el sistema aduanero.
Respecto al caso de Ruffo Appel, señaló que el exmandatario le explicó que su empresa únicamente realizaba trámites administrativos vinculados con operaciones aduanales y que no intervenía en la compra, transporte, almacenamiento o distribución de combustibles, actividades que corresponden a otros particulares y cuya supervisión recae en las autoridades federales.
Acosta Naranjo también cuestionó que otros ex servidores públicos relacionados con la operación de las aduanas no hayan sido incorporados públicamente a las investigaciones y pidió que la Fiscalía determine responsabilidades con base en las pruebas, sin privilegiar criterios políticos.
Asimismo, sostuvo que Ernesto Ruffo acudió voluntariamente ante las autoridades cuando fue requerido y rechazó que se le presente como el principal responsable de una estructura que, por su magnitud, involucraría diversos niveles de operación y vigilancia gubernamental.
Finalmente, hizo un llamado para que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad y se esclarezca la posible participación tanto de servidores públicos como de particulares que hubieran intervenido en la presunta red de contrabando de combustibles.