A cinco días de su ingreso al penal del Altiplano, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció nuevamente ante un juez federal, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por desaparición forzada de personas relacionada con el caso Ayotzinapa.
Ciudad de México. A cinco días de permanecer recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció nuevamente ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.
Durante la audiencia, el juzgador deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso al ex mandatario por el delito de desaparición forzada de personas, en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
En su primera comparecencia, realizada el viernes pasado, Aguirre Rivero y su defensa solicitaron la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica y reunir elementos con los que buscan controvertir las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez determinó que el ex gobernador debía estar presente en la continuación de la audiencia, por lo que fue trasladado desde el penal del Altiplano hasta el Centro de Justicia Penal Federal.
¿Qué declaró Ángel Aguirre Rivero ante el juez?
Durante su primera comparecencia, el ex gobernador aseguró que aclarará las imputaciones realizadas por la FGR, relacionadas con la presunta destrucción de material videográfico que podría contener información sobre la desaparición de los 43 normalistas.
“Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”, manifestó Aguirre Rivero ante el juez.
El ex mandatario se presentó en silla de ruedas y refirió diversos problemas de salud. Su defensa solicitó que pudiera continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, pero el juez rechazó dicha petición.
FGR acusa destrucción de evidencia sobre Ayotzinapa
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República señaló que Aguirre Rivero habría ordenado la destrucción de un disco DVD que contenía grabaciones obtenidas de dos cámaras de seguridad ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la acusación, las imágenes mostrarían momentos en los que policías municipales y estatales trasladaron a un grupo de estudiantes de un autobús a otro durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
La FGR sostiene que en las grabaciones los estudiantes aparecen con las manos sobre la cabeza, mientras eran vigilados por policías y hombres armados. Posteriormente, según la Fiscalía, varias patrullas habrían escoltado el autobús en el que viajaban los normalistas, seguido por camionetas ocupadas por personas armadas.
Los fiscales señalaron ante el juez que una integrante del Consejo de la Judicatura habría entregado el material al entonces gobernador, después de obtenerlo de la oficina de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana.
Señalan a ex funcionarios por manejo del material
Como parte de los señalamientos, los representantes de la FGR afirmaron que Aguirre Rivero habría instruido al entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, para hacerse cargo del material videográfico.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que el ex gobernador habría ordenado a su sobrino, Eduardo Aguirre, desaparecer evidencias relacionadas con los estudiantes normalistas.
La situación jurídica de Ángel Aguirre Rivero será definida por el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien deberá valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.