Washington, 9 de noviembre de 2026.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró la puerta a una amnistía para inmigrantes indocumentados y ratificó la continuidad de las deportaciones, apenas un día después de reconocer que la dureza de su política migratoria pudo contribuir a la derrota republicana en las elecciones legislativas.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su gobierno mantiene una política de deportaciones firme y rechazó que exista algún cambio en las medidas aplicadas contra la inmigración irregular.
Las declaraciones contrastaron con una entrevista concedida al programa 60 Minutes, de CBS News, en la que Trump admitió que las operaciones migratorias pudieron resultar demasiado severas y manifestó disposición para alcanzar acuerdos con los demócratas.
El presidente reconoció que las deportaciones también afectaron a inmigrantes que tenían empleos, pagaban impuestos y llevaban años establecidos en territorio estadounidense, aunque su única infracción había sido ingresar al país sin autorización.
Trump mencionó específicamente a trabajadores de hoteles, empresas de jardinería y otros sectores económicos, algunos con una permanencia de entre 10 y 15 años, para quienes consideró posible negociar algún mecanismo que les permitiera continuar en Estados Unidos.
Sin embargo, este lunes sostuvo que las deportaciones seguirán adelante y que su administración mantendrá como prioridad la expulsión de personas vinculadas con actividades delictivas.
Abren diálogo, pero descartan amnistía
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que legisladores demócratas establecieron contactos para explorar una reforma migratoria después de las elecciones del 3 de noviembre.
El funcionario explicó que informó a Trump sobre esos acercamientos y que el presidente autorizó iniciar conversaciones con representantes de la oposición.
No obstante, aclaró que todavía no se han discutido modificaciones concretas a las políticas migratorias y reiteró que el gobierno no aceptará una amnistía generalizada.
Mullin señaló que cualquier acuerdo tendría que construirse mediante negociaciones entre republicanos y demócratas, quienes tendrán una nueva correlación de fuerzas en el Congreso a partir de enero de 2027.
Entre las alternativas mencionó la posibilidad de revisar la situación de los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como dreamers, que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
El secretario planteó que correspondería al Congreso determinar si estos inmigrantes pueden acceder a un mecanismo de residencia legal permanente, sin presentar una propuesta legislativa específica.
Deportaciones generan rechazo electoral
El cambio de tono de Trump ocurrió después de que los demócratas conquistaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias, resultados que redujeron el margen político del presidente para impulsar su agenda.
De acuerdo con una encuesta electoral de Associated Press, aproximadamente seis de cada diez votantes consideraron que las medidas de control migratorio habían ido demasiado lejos. Una proporción semejante desaprobó el desempeño del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El rechazo a las redadas y deportaciones se convirtió en uno de los asuntos que marcaron el debate electoral, particularmente por sus efectos sobre inmigrantes que trabajan y mantienen vínculos familiares en Estados Unidos.
En su entrevista con CBS News, Trump admitió que la aplicación de estas medidas pudo perjudicar a los republicanos, aunque defendió los resultados de su administración en materia de seguridad fronteriza.
El mandatario también aseguró que integrantes del Partido Demócrata ya habían expresado interés en negociar una solución migratoria.
Stephen Miller refuerza línea restrictiva
La posibilidad de alcanzar acuerdos legislativos coincide con el nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles.
Miller ha sido uno de los principales responsables del diseño de las políticas de deportación masiva impulsadas por Trump, por lo que su designación generó dudas sobre el alcance de una eventual negociación con los demócratas.
El diario The Washington Post destacó que el nombramiento ocurrió pocas horas después de que Trump concediera la entrevista en la que reconoció posibles excesos en la aplicación de su política migratoria.
Por su parte, Los Angeles Times informó que los demócratas preparan una agenda de supervisión sobre las operaciones migratorias y las actuaciones de ICE, aprovechando las nuevas facultades que tendrán en el Congreso.
Las discusiones podrían incluir las condiciones de detención, las operaciones de deportación y los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades migratorias.
Sin regularización a la vista
Hasta ahora, la Casa Blanca no ha anunciado una iniciativa para regularizar a inmigrantes indocumentados ni modificaciones formales a los procedimientos de deportación.
Tampoco se han establecido requisitos, plazos o criterios para determinar qué personas podrían beneficiarse de un eventual acuerdo legislativo.
La posibilidad de negociar una reforma migratoria permanece en una etapa preliminar, mientras la administración Trump mantiene las medidas de control y deportación que han caracterizado su segundo mandato.
El nuevo escenario político coloca la inmigración entre los primeros asuntos que deberán discutir la Casa Blanca y el Congreso de mayoría demócrata, sin que exista todavía un acuerdo sobre el futuro de millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos.

