La Suprema Corte de Estados Unidos invalidó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, al reafirmar la vigencia de la 14.ª Enmienda.
Washington, D.C., 30 de junio de 2026. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía redefinir el alcance de la cláusula de ciudadanía por nacimiento establecida en la 14.ª Enmienda de la Constitución, al confirmar que los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos desde el momento de su nacimiento, independientemente de la situación migratoria de sus padres.
En una decisión de seis votos contra tres, el máximo tribunal sostuvo que las personas nacidas en Estados Unidos están «sujetas a la jurisdicción» del país y, por tanto, gozan del derecho constitucional a la ciudadanía.
El fallo fue emitido en el último día del actual periodo de sesiones de la Corte, que ha abordado diversos casos relacionados con las facultades del Poder Ejecutivo y las acciones impulsadas por la administración de Donald Trump.
Ratifican más de un siglo de precedentes
La resolución reafirma la interpretación tradicional de la 14.ª Enmienda y mantiene vigente el precedente establecido en el histórico caso United States v. Wong Kim Ark de 1898, mediante el cual se determinó que la ciudadanía por nacimiento aplica a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
La administración Trump sostenía que el incremento de la inmigración irregular justificaba una nueva interpretación constitucional que excluyera de ese derecho a los hijos de personas que permanecen ilegalmente o de manera temporal en Estados Unidos.
Sin embargo, el presidente del tribunal, John Roberts, rechazó ese planteamiento al señalar que, aunque el contexto actual sea distinto, el texto constitucional no ha cambiado.
«Es un mundo nuevo, pero es la misma Constitución».
Revés para la agenda migratoria
La decisión representa un importante revés para la política migratoria impulsada por Donald Trump, quien buscaba modificar mediante una orden ejecutiva uno de los principios constitucionales más consolidados del sistema jurídico estadounidense.
Asimismo, el fallo limita los alcances del Poder Ejecutivo para alterar derechos constitucionales sin la intervención del Congreso o una reforma constitucional.
En los últimos meses, Trump había cuestionado públicamente diversas resoluciones judiciales relacionadas con sus políticas migratorias, incluidas algunas emitidas por jueces nombrados durante su propia administración.