La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León abrió la etapa de investigación del juicio político contra el gobernador Samuel García y solicitará información a dependencias públicas y contratos de empresas señaladas en la denuncia.
Monterrey, Nuevo León, 27 de junio de 2026. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar la etapa de investigación y diligencias dentro del juicio político promovido contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, procedimiento en el que se requerirá información a 69 dependencias estatales y federales, así como documentación relacionada con 12 empresas mencionadas en la denuncia.
La decisión fue avalada durante la sesión de la comisión celebrada este viernes, con el voto en contra de la representación de Movimiento Ciudadano y una abstención del Partido Verde Ecologista de México.
De acuerdo con el acuerdo aprobado, las dependencias señaladas deberán remitir copias certificadas de contratos suscritos con las empresas señaladas por una presunta triangulación de recursos. Para ello contarán con un plazo de seis días hábiles contados a partir del 27 de junio de 2026.
La Comisión Anticorrupción también solicitó a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León la designación de un defensor público para el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien deberá ser notificado dentro de un plazo de tres días.
La solicitud de juicio político fue presentada el 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, acompañada de representantes y aspirantes de ese partido a la gubernatura de Nuevo León. La denuncia señala presuntos actos relacionados con triangulación de recursos públicos, peculado y corrupción.
El expediente fue turnado a la Comisión Anticorrupción con carácter urgente el 10 de junio y el 12 de junio se aprobó el inicio del procedimiento.
El 23 de junio, Samuel García presentó un escrito de defensa ad cautelam integrado por cerca de 250 páginas, en el que manifestó su desacuerdo con el procedimiento, solicitó la excusa de los participantes y pidió la designación de un defensor público al señalar que carece de representación legal.
De continuar el proceso conforme al calendario previsto, el asunto podría ser sometido a consideración del Pleno del Congreso local en agosto. Para que proceda de manera definitiva se requerirá el voto favorable de al menos 28 de los 42 diputados que integran la Legislatura.
En caso de obtener esa votación, el Congreso notificará al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, instancia que resolverá lo conducente.