Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una segunda orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, accionista de la franquicia Miss Universo, ahora dentro de una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La nueva acción penal fue promovida a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó un presunto entramado financiero integrado por empresas, cuentas bancarias y personas físicas que habrían sido utilizadas para mover recursos de origen presuntamente ilícito.
De acuerdo con información publicada por Reforma y Milenio, el Ministerio Público Federal presentó la solicitud ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, en el Estado de México, con el propósito de judicializar el caso.
En el mismo expediente figuran los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar, quienes también son investigados por su presunta participación en la estructura financiera señalada por las autoridades.
La denuncia de la UIF, presentada el 2 de diciembre de 2025, identifica a Rocha Cantú como presunto beneficiario controlador de diversas operaciones y lo ubica como uno de los principales responsables de la administración corporativa del esquema investigado.
Entre los elementos analizados por las autoridades se encuentran la compra de inmuebles mediante cheques de caja por un monto cercano a siete millones de pesos, así como movimientos bancarios realizados por empresas relacionadas con la indagatoria.
La carpeta también incluye operaciones atribuidas a diversas sociedades mercantiles que habrían movilizado recursos por decenas e incluso cientos de millones de pesos. Como parte de las investigaciones fueron aseguradas alrededor de 500 cuentas bancarias presuntamente vinculadas con la red financiera.
Esta solicitud representa un nuevo frente judicial para Rocha Cantú, quien desde 2025 permanece prófugo en otra investigación de la FGR por delincuencia organizada.
En ese expediente, la Fiscalía lo señala por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, además de tráfico de armas y otras actividades ilícitas relacionadas con el ingreso de combustible desde Guatemala hacia distintos estados del país.
Hasta el cierre de esta edición no se había informado si el juez federal resolvió la petición presentada por la FGR. Tampoco se conocía un posicionamiento público de la defensa del empresario respecto de esta nueva investigación.
La nueva causa penal es independiente de la investigación por huachicol fiscal, aunque ambas permanecen abiertas y forman parte de las indagatorias que mantienen las autoridades federales contra el empresario. En todos los casos prevalece la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.