COP31: el cambio climático no se combate con declaraciones

México llega a la cumbre de Turquía con 33 medidas de adaptación, propuestas de transición energética y una agenda de financiamiento climático. El desafío será convertir esos compromisos en inversiones y resultados verificables.

Treinta y una conferencias internacionales después, el cambio climático continúa planteando una contradicción fundamental: el mundo dispone de diagnósticos científicos cada vez más precisos, pero las decisiones políticas y económicas para enfrentar sus consecuencias avanzan a una velocidad insuficiente. La distancia entre los compromisos internacionales y su cumplimiento se ha convertido en uno de los principales problemas de la diplomacia ambiental.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, reúne a gobiernos y negociadores para discutir la reducción de emisiones contaminantes, el financiamiento de la transición energética y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales sigue siendo una referencia central del Acuerdo de París. Sin embargo, alcanzar esa meta requiere transformar sistemas energéticos, procesos industriales, transporte, agricultura y patrones de consumo que durante décadas han sostenido el crecimiento económico.

La discusión ya no puede limitarse a cuánto deben reducirse las emisiones. También es necesario establecer quién financiará esa transformación, cuáles serán sus costos sociales y cómo se distribuirán las responsabilidades entre economías desarrolladas y países en desarrollo.

En ese escenario, México presenta propuestas de adaptación, transición justa, electrificación del transporte, financiamiento climático y protección de ecosistemas. Su participación permite examinar los avances institucionales y las contradicciones de una política ambiental que necesita traducirse en resultados.

La agenda mexicana: siete prioridades

La representación mexicana está encabezada por José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

También participan José Abraham Ortínez Álvarez, titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); Roberto de León, director general de Temas Globales de la Cancillería, y Norma Munguía Aldaraca, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat, además de representantes de Hacienda y Energía.

La delegación tiene siete prioridades: acelerar la reducción de gases de efecto invernadero; fortalecer la adaptación ante sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos; atender las pérdidas y daños provocados por el calentamiento global; ampliar el financiamiento climático; facilitar la transferencia de tecnologías limpias; reconocer la función de los océanos en la regulación del clima, y fortalecer las capacidades institucionales para ejecutar políticas ambientales.

México también presenta los avances de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), instrumento que reúne sus compromisos internacionales de mitigación y adaptación.

Estas prioridades tienen implicaciones económicas directas. Reducir emisiones exige modificar procesos industriales y sistemas energéticos; la adaptación requiere infraestructura y planeación territorial, mientras que el financiamiento supone movilizar recursos públicos y privados.

La cuestión fundamental es determinar si esos objetivos estarán acompañados de inversiones suficientes y de una política económica compatible con su cumplimiento.

Treinta y tres medidas contra sequías e inundaciones

Uno de los principales instrumentos que México presenta en Turquía es ADAPTA MX 1.0, primera versión de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

El programa contempla 33 medidas de adaptación: 14 relacionadas con sequías y 19 dirigidas a enfrentar lluvias torrenciales. Su elaboración incluyó siete talleres regionales con instituciones públicas, especialistas, universidades y organizaciones civiles.

Entre sus principales líneas de intervención destacan la protección de poblaciones vulnerables, el fortalecimiento de los sistemas productivos, la conservación de la biodiversidad, la gestión del agua y la reducción de riesgos para infraestructura estratégica y patrimonio cultural.

La propuesta incorpora soluciones basadas en la naturaleza e instrumentos para identificar amenazas climáticas y orientar las decisiones de las autoridades.

Uno de ellos es la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación, diseñada para integrar información geográfica sobre los efectos del incremento de temperaturas, las sequías, las inundaciones y el aumento del nivel del mar.

Su propósito es identificar riesgos en municipios y cuencas, en lugar de limitar las políticas ambientales a estimaciones nacionales que frecuentemente ocultan profundas diferencias regionales.

Para 2027 se prevé incorporar información adicional sobre salud y agricultura, dos sectores especialmente expuestos a las alteraciones del clima.

La propuesta reconoce que los efectos del calentamiento global no son uniformes y que las medidas de adaptación deben responder a las características de cada territorio.

Sin embargo, su eficacia dependerá de cuestiones concretas: cuánto costará ejecutar las 33 medidas, qué dependencias serán responsables, cuáles serán los plazos y cómo se evaluará la reducción efectiva de riesgos.

Sin esos elementos, el programa corre el riesgo de convertirse en otro instrumento de planeación cuyos resultados no puedan medirse adecuadamente.

Transición justa y electrificación del transporte

México comparte con Polonia la responsabilidad de facilitar las consultas ministeriales sobre transición justa, uno de los asuntos centrales de la COP31.

El propósito es avanzar en un mecanismo internacional que permita transformar las economías hacia modelos de menores emisiones sin trasladar desproporcionadamente sus costos a trabajadores y comunidades vulnerables.

La propuesta contempla intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y facilitar financiamiento para impulsar transformaciones productivas compatibles con la protección ambiental.

Una transición energética que destruya empleos sin generar alternativas, encarezca servicios esenciales o concentre los beneficios de las nuevas tecnologías en los sectores de mayores ingresos difícilmente podrá considerarse justa.

En una entrevista con el Instituto Mexicano de la Radio, José Luis Samaniego explicó que México también llevará propuestas para acelerar la electrificación del transporte y ampliar el acceso social a tecnologías limpias.

Como ejemplo mencionó Olinia, el proyecto mexicano de vehículo eléctrico de bajo costo, para ilustrar la necesidad de orientar los incentivos públicos hacia tecnologías accesibles y evitar que los subsidios beneficien principalmente a consumidores de altos ingresos.

La electrificación del transporte no depende únicamente de fabricar o importar vehículos eléctricos. Requiere infraestructura de recarga, disponibilidad de energía, modernización de redes eléctricas y mecanismos financieros que permitan su adopción.

También exige evaluar el origen de la electricidad utilizada. Sustituir motores de combustión por vehículos eléctricos puede reducir emisiones, pero sus beneficios ambientales dependen, entre otros factores, de la composición de la matriz energética.

México deberá resolver esa ecuación sin comprometer la seguridad del suministro eléctrico ni trasladar costos excesivos a los consumidores.

Financiamiento: la discusión que define los resultados

Otro objetivo de México es ampliar el acceso a recursos internacionales para financiar proyectos de mitigación y adaptación.

La discusión tiene una dimensión histórica. Las economías industrializadas han contribuido considerablemente a la acumulación de gases de efecto invernadero, mientras numerosos países en desarrollo enfrentan consecuencias climáticas con capacidades financieras y tecnológicas limitadas.

De ahí la importancia de establecer mecanismos para financiar infraestructura resiliente, modernizar sistemas productivos, proteger ecosistemas y facilitar la transferencia de tecnologías.

La agenda mexicana también contempla atender las pérdidas y daños asociados al cambio climático, una categoría que reconoce las consecuencias que no siempre pueden evitarse mediante medidas preventivas.
La desaparición de territorios habitables, la pérdida de patrimonio y el desplazamiento de comunidades muestran que los costos ambientales no se limitan a reparar infraestructura.

El caso de El Bosque, en Tabasco, donde el avance del mar ha provocado el desplazamiento de habitantes, permite comprender la dimensión social del problema.

Cuando una comunidad pierde su territorio, también enfrenta la ruptura de vínculos sociales, la desaparición de actividades económicas y la necesidad de reconstruir sus condiciones de vida.
La adaptación, por tanto, no puede limitarse a obras hidráulicas o sistemas de alerta. Debe incorporar políticas de vivienda, ordenamiento territorial, protección social y desarrollo regional.

En México, estas responsabilidades corresponden a instituciones que frecuentemente operan con presupuestos y capacidades técnicas desiguales.

Por ello, el financiamiento climático no debería evaluarse únicamente por los recursos anunciados en las conferencias internacionales, sino por su capacidad para llegar a proyectos concretos y beneficiar a las poblaciones más expuestas.

La política energética frente a sus compromisos

La participación mexicana también obliga a examinar la relación entre sus compromisos ambientales y las decisiones nacionales en materia energética.

Reducir emisiones requiere inversiones en generación eléctrica de bajas emisiones, redes de transmisión, eficiencia energética, transporte y modernización industrial.

Al mismo tiempo, México debe garantizar energía suficiente para sostener su actividad económica, responder al crecimiento de la demanda y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Estos objetivos no son necesariamente incompatibles, pero exigen una estrategia de largo plazo con prioridades, fuentes de financiamiento y responsabilidades institucionales claramente establecidas.
La transición energética no puede depender exclusivamente de declaraciones internacionales ni de proyectos aislados. Necesita una política industrial que integre innovación tecnológica, infraestructura, desarrollo regional y formación de capital humano.

También requiere evaluar los costos de mantener una elevada dependencia de los combustibles fósiles frente a los beneficios y dificultades de incorporar tecnologías menos contaminantes.

Las inversiones energéticas tienen efectos durante décadas. Las decisiones actuales determinarán una parte importante de las posibilidades de México para cumplir sus compromisos climáticos futuros.

De los acuerdos a los resultados

Después de más de 12 años, México vuelve a contar con un pabellón propio en la conferencia, donde se presentan experiencias de gobiernos, universidades, organizaciones civiles, empresas y comunidades en materia de adaptación, conservación de ecosistemas, transición energética y financiamiento.

La presencia internacional puede fortalecer la cooperación y facilitar nuevas alianzas. Sin embargo, el reconocimiento diplomático no constituye por sí mismo una medida de éxito ambiental.
La evaluación debe concentrarse en resultados: reducción verificable de emisiones, disminución de la vulnerabilidad de las comunidades, inversiones ejecutadas y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

La COP31 confirma que la política climática ha dejado de ser un asunto exclusivamente ambiental. Hoy forma parte de las decisiones fundamentales sobre crecimiento económico, seguridad energética, infraestructura, desarrollo tecnológico y distribución de recursos.

México presenta una agenda que identifica problemas relevantes y propone instrumentos para enfrentarlos. El desafío consiste en establecer una correspondencia verificable entre esos compromisos, los recursos disponibles y las acciones de gobierno.

Los acuerdos internacionales son indispensables para coordinar esfuerzos, pero insuficientes cuando no existen mecanismos que garanticen su aplicación.

La crisis climática no se resolverá únicamente con nuevas metas para 2030 o 2050. Requiere decisiones capaces de modificar las condiciones actuales de vulnerabilidad y contaminación.

Treinta y una conferencias después, la pregunta ya no es qué están dispuestos a prometer los gobiernos, sino cuánto están dispuestos a invertir, transformar y cumplir.

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