El Consejo General avaló auditorías externas, revisión de contrataciones y nuevos mecanismos de vigilancia institucional.
Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad un conjunto de medidas para fortalecer sus controles internos, revisar posibles irregularidades administrativas y prevenir actos de corrupción dentro del organismo.
El acuerdo, denominado “Medidas para restaurar la integridad institucional”, contempla solicitar una fiscalización emergente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como auditorías externas y una revisión de los contratos vigentes.
Durante la sesión extraordinaria, la consejera Carla Humphrey señaló que el propósito es revisar las operaciones del Instituto y establecer mecanismos para evitar que se repitan posibles irregularidades. En su intervención, planteó “limpiar la casa” y pidió que no quede ningún aspecto sin revisar.
Entre las acciones aprobadas se encuentran la elaboración de un inventario de contrataciones, el fortalecimiento de los mecanismos internos para detectar y reportar posibles actos de corrupción, así como la revisión de los procesos de adquisición de bienes y servicios.
INE revisará contratos y plantea más licitaciones
Las consejerías también propusieron ampliar la participación en los procedimientos de contratación, incluidas las licitaciones internacionales, con el objetivo de incrementar la competencia y reducir las adjudicaciones directas.
Humphrey sostuvo que es necesario fortalecer los concursos públicos y planteó: “Necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo explicó que se analiza la viabilidad de recurrir a instancias externas para revisar las operaciones del organismo, además de la intervención de las autoridades fiscalizadoras.
“Estamos proponiendo la viabilidad de auditorías externas, no solo la Auditoría Superior de la Federación, incluso órganos de carácter privado”, afirmó.
Las revisiones contemplan distintas áreas del Instituto, incluida la administración de la presidencia, con el propósito de identificar posibles anomalías y determinar si corresponde iniciar procedimientos administrativos o legales.
Consejeros plantean dar vista a la FGR
Durante la sesión, Arturo Castillo también pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) valore iniciar investigaciones de oficio ante posibles hechos de corrupción relacionados con el organismo electoral.
El consejero mencionó la posibilidad de que la Fiscalía analice la aplicación del artículo 19 constitucional, que establece los supuestos para la prisión preventiva oficiosa. Su planteamiento fue expresado durante la discusión del acuerdo.
Las medidas aprobadas buscan reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos, las contrataciones y los procesos de adquisición del INE. Cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.