SANTIAGO DE CHILE, 25 de octubre de 2026.— El gobierno del presidente José Antonio Kast autorizó la reducción de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales, entre ellos abusos y violaciones contra menores de edad, mediante resoluciones administrativas que han provocado cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio de Justicia y la protección de las víctimas.
Las decisiones fueron adoptadas entre el 11 de marzo, cuando comenzó la administración de Kast, y el 13 de septiembre de este año. Durante ese periodo se aprobaron 27 reducciones de penas por abuso sexual y 29 por violación, mientras que solamente una solicitud fue rechazada.
Una investigación del medio chileno Interferencia, retomada por Cooperativa, BioBioChile y El Mostrador, reveló que los beneficios fueron concedidos directamente por el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, sin necesidad de que los condenados obtuvieran previamente una resolución judicial favorable.
Los decretos fueron emitidos bajo la fórmula administrativa «por orden del Presidente de la República», aunque esto no significa necesariamente que Kast haya intervenido personalmente en cada resolución.
Dos condenados recuperaron su libertad
La controversia se agravó después de que se conocieran los expedientes de dos condenados por delitos sexuales contra menores que recuperaron su libertad tras beneficiarse de las reducciones.
Uno de los casos corresponde a un hombre sentenciado por abusar sexualmente de una adolescente de 16 años con discapacidad intelectual. El segundo involucra a una persona condenada por la violación de un niño de 10 años.
Ambos cumplían sus penas en establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso.
En el primer expediente, Waldo Gómez Mondaca había recibido en junio de 2017 una condena de 10 años de prisión por delitos de abuso sexual cometidos en 2014.
Mediante el decreto número 2520, fechado el 31 de julio de 2026, el Ministerio de Justicia autorizó una reducción de 21 meses en su condena, con lo que la fecha de cumplimiento pasó del 19 de enero de 2028 al 19 de abril de 2026.
La resolución fue firmada por el ministro Fernando Rabat y contó con el visado del subsecretario de Justicia, Luis Silva.
El segundo caso corresponde a un condenado por violación de un menor de 10 años, cuya reducción de pena también derivó en su salida de prisión.
Aunque se han documentado estas dos liberaciones, todavía no existe información pública suficiente para establecer cuántos de los 56 beneficiarios recuperaron efectivamente su libertad.
Una reforma legal, en el centro de la polémica
El conflicto tiene su origen en la Ley 21.421, publicada el 9 de febrero de 2022, durante las últimas semanas del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
La legislación modificó la Ley 19.856, que establece un sistema de reducción de condenas por comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de las penas.
La reforma incorporó restricciones para impedir que personas sentenciadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes pudieran acceder a estos beneficios penitenciarios.
Entre los delitos contemplados figuran distintas modalidades de violación, abuso sexual y explotación sexual infantil.
Sin embargo, la normativa contiene una excepción relacionada con la aplicación de una circunstancia atenuante prevista en el artículo 73 del Código Penal chileno.
El Ministerio de Justicia sostiene que las restricciones aprobadas en 2022 no pueden aplicarse retroactivamente a personas que cometieron delitos antes de la entrada en vigor de la reforma.
Esta interpretación permitió que el gobierno actual modificara el criterio administrativo utilizado durante la gestión anterior, cuando las solicitudes generalmente eran rechazadas y los condenados debían acudir a los tribunales para impugnar esas decisiones.
Ministro defiende las reducciones
El ministro Fernando Rabat aseguró que las resoluciones se ajustan a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Chile en distintos recursos de amparo relacionados con beneficios penitenciarios.
De acuerdo con el funcionario, el máximo tribunal ha reconocido que determinadas restricciones legales no pueden aplicarse retroactivamente cuando perjudican a personas condenadas por hechos cometidos antes de su entrada en vigor.
Sin embargo, las 56 reducciones cuestionadas fueron autorizadas administrativamente y no como consecuencia directa de sentencias judiciales dictadas específicamente para cada beneficiario.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que las decisiones administrativas corresponden al Ministerio de Justicia y que el tribunal no había intervenido directamente en esos decretos.
Además, existen antecedentes judiciales que no coinciden plenamente con la interpretación defendida por Rabat.
En marzo de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo relacionado con una solicitud de reducción de condena por delitos sexuales contra menores, al considerar que el beneficio no constituía un derecho adquirido.
La diferencia de criterios abrió un debate sobre las facultades del Ejecutivo para conceder reducciones de pena y los límites establecidos por la legislación chilena.
Defensoría de la Niñez exige explicaciones
La Defensoría de la Niñez de Chile manifestó su rechazo a las reducciones y solicitó al Ministerio de Justicia los antecedentes jurídicos y administrativos utilizados para autorizarlas.
El organismo recordó que la reforma de 2022 tuvo como objetivo fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos sexuales.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que las autoridades deben considerar especialmente los derechos de las víctimas cuando adoptan decisiones que pueden disminuir el tiempo de prisión de personas condenadas por estos delitos.
La institución anunció que revisará los antecedentes y evaluará las acciones administrativas o judiciales que correspondan dentro de sus atribuciones.
También planteó la necesidad de establecer mecanismos que garanticen que las víctimas sean consideradas en los procedimientos relacionados con beneficios penitenciarios.
Congreso exige investigar al ministro
Las revelaciones provocaron reacciones entre legisladores de oposición y representantes de partidos cercanos al gobierno.
Diputados del Partido Comunista anunciaron que buscarán reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro Fernando Rabat y exigir explicaciones sobre las 56 reducciones autorizadas.
El legislador Marcos Barraza cuestionó las decisiones y sostuvo que el Ejecutivo debe justificar los fundamentos utilizados para conceder beneficios a personas condenadas por delitos de especial gravedad.
Por su parte, parlamentarios del Partido por la Democracia e independientes solicitaron conocer los expedientes completos, las condenas originales, las reducciones concedidas y la situación penitenciaria de los beneficiarios.
La diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, anunció una iniciativa legislativa para reforzar las restricciones e impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios.
Los cuestionamientos también alcanzaron a sectores oficialistas.
El diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, expresó preocupación por las consecuencias de simplificar los procedimientos administrativos para personas condenadas por delitos sexuales.
En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció una propuesta para eliminar las excepciones legales que permiten reducir determinadas condenas por estos delitos.
Polémica golpea al gobierno de Kast
La controversia ha colocado bajo presión política al ministro Fernando Rabat y al subsecretario Luis Silva, cuyas firmas aparecen en resoluciones que permitieron reducir las penas de personas condenadas por delitos sexuales.
Las investigaciones periodísticas también han documentado diferencias entre dirigentes de la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y el Partido Republicano respecto de la actuación del Ministerio de Justicia.
Mientras algunos representantes del oficialismo defienden la legalidad de las resoluciones, otros cuestionan sus consecuencias y consideran necesario revisar el procedimiento.
La oposición, por su parte, analiza mecanismos de fiscalización parlamentaria y una eventual acusación constitucional contra el ministro.
El caso ha generado cuestionamientos a la política de seguridad de la administración de Kast, que ha promovido medidas de endurecimiento penal y combate a la delincuencia.
Sin embargo, la controversia política no implica por sí misma que las reducciones sean ilegales, cuestión que corresponde determinar a las autoridades competentes.
Suspenden nuevos trámites
Ante el aumento de las críticas, el ministro Rabat anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de reducción de condena relacionados con estos casos, mientras se analizan modificaciones legislativas.
El funcionario informó que el Ejecutivo promoverá reformas para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores, cometidos antes de febrero de 2022, continúen accediendo a los beneficios cuestionados.
El gobierno sostiene que las resoluciones emitidas hasta ahora se ajustaron a la legislación y a los precedentes judiciales.
No obstante, las explicaciones oficiales no han cerrado la controversia, mientras el Congreso busca esclarecer las responsabilidades administrativas y determinar si existieron irregularidades en los procedimientos.
El caso ha reabierto en Chile el debate sobre los beneficios penitenciarios, la aplicación retroactiva de las leyes y la protección de las víctimas de violencia sexual, en medio de crecientes exigencias para revisar los mecanismos que permiten reducir las condenas por delitos contra menores de edad.