Ciudad de México. Diputados federales y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para solicitar que se investiguen posibles conductas relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos. La denuncia fue presentada el 5 de octubre y quedó formalmente recibida por la autoridad federal.
El recurso fue presentado por los legisladores Eva María Vásquez Hernández, César Israel Damián Retes y Federico Döring Casar, acompañados por Jorge Triana Tena, vocero nacional del PAN. Los denunciantes solicitaron que la FGR investigue los hechos y determine, en su caso, las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.
Entre las conductas que el PAN pidió investigar se encuentran delincuencia organizada, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras. Se trata de señalamientos contenidos en la denuncia, cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Los legisladores también solicitaron la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar información financiera, fiscal, empresarial y contractual relacionada con la mandataria estatal. Además, plantearon que se determine qué información conocía Ávila Olmeda, desde cuándo la conocía y qué decisiones tomó o dejó de tomar desde su responsabilidad al frente del gobierno estatal.
Los señalamientos ocurren después de que autoridades de Estados Unidos sancionaran a personas y empresas relacionadas con una red que, según el Departamento del Tesoro, está vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados se encuentra Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, además de su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
Parte de la denuncia del PAN está relacionada con Vida Orgánica Tijuana, empresa que los legisladores vinculan con los hechos que solicitan investigar. La gobernadora ha rechazado tener responsabilidad en las actividades atribuidas a su exesposo y ha sostenido que concluirá su administración. Hasta el momento de los reportes consultados, no se había informado públicamente de una imputación judicial contra Ávila Olmeda por estos hechos.