La Paz, Estado de México. Tres personas fueron sentenciadas a 78 años y 9 meses de prisión por la privación de la libertad y muerte del niño identificado como F.D.G.S., conocido como Fernandito, ocurrida en agosto de 2025 en este municipio.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron declarados responsables luego del proceso judicial, en el que el Ministerio Público presentó las pruebas relacionadas con el caso.
Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impuso a cada sentenciado una multa de un millón 258 mil 682 pesos, así como el pago de 618 mil 712 pesos por reparación del daño moral y 39 mil pesos por daño material. También determinó la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
¿Qué pasó con Fernandito?
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, el 28 de julio de 2025 las tres personas ahora sentenciadas privaron de la libertad al menor como una forma de presión para exigir a su madre el pago de un adeudo de mil pesos.
Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre acudió al domicilio de los involucrados para recuperar a su hijo. Sin embargo, según la indagatoria, el menor permaneció oculto en el inmueble y durante ese periodo ocurrió su muerte.
El 4 de agosto, después de que la madre presentó una denuncia, elementos de la Fiscalía estatal, en coordinación con policías municipales, acudieron al domicilio señalado para buscar al menor.
En el lugar detectaron un olor fétido proveniente de unas bolsas ubicadas en el patio de una vecindad. Dentro de ellas fue localizado el cuerpo sin vida del niño.
Fernandito murió por traumatismo craneoencefálico
Las diligencias periciales determinaron que el menor presentaba fracturas en la clavícula y una costilla, además de diversas lesiones contusas.
La causa de muerte establecida fue traumatismo craneoencefálico.
El intervalo estimado de muerte fue de entre tres y cinco días antes del hallazgo, por lo que, de acuerdo con la investigación, el fallecimiento habría ocurrido entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2025.
Este periodo fue relacionado por la Fiscalía con la declaración de la madre, quien indicó que la privación de la libertad de su hijo ocurrió el 28 de julio.
Tras su detención, Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Fiscalía investigó posibles omisiones
Además del proceso contra las tres personas sentenciadas, la Fiscalía mexiquense abrió una investigación por la probable responsabilidad de servidores públicos de la propia institución, ante posibles actos de abuso de autoridad relacionados con la atención que recibió la madre del menor.
Según la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la mujer acudió el 3 de agosto de 2025 al Centro de Justicia de La Paz para informar que había dejado a su hijo al cuidado de una conocida y que ésta se negaba a entregárselo.
La información fue comunicada a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en las instalaciones, quien a su vez la hizo llegar al agente del Ministerio Público que estaba a cargo en ese momento.
De acuerdo con la indagatoria, el servidor público habría indicado al practicante que debía esperar a otra funcionaria porque él ya se retiraba y que, si la mujer no quería esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.
La madre decidió retirarse y regresó al día siguiente, 4 de agosto, para presentar formalmente la denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer de La Paz.
A partir de ese momento se inició la investigación por la privación de la libertad y se desplegó la búsqueda del menor.
¿Qué sanción recibieron?
Después del proceso judicial y del análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión.
La resolución también contempla las multas y reparaciones económicas señaladas, además de la suspensión de derechos políticos y civiles.