Durante el primer semestre de 2026, Estados Unidos deportó a México cerca de mil personas de otras nacionalidades cada mes. Organizaciones civiles señalaron que muchos permanecen en Tapachula, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad, sin empleo y, en algunos casos, sin documentos de identidad.
Migrantes deportados son trasladados de la frontera norte al sur de México
Tapachula, Chiapas.- Durante los primeros seis meses de 2026, el gobierno de Estados Unidos deportó cada mes a cerca de mil personas de nacionalidades distintas a la mexicana hacia territorio mexicano.
Los traslados se realizaron principalmente por vía terrestre hacia la frontera norte de México. Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración (INM) trasladó a parte de estas personas hacia el sur del país, principalmente a Tapachula.
De acuerdo con organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Kino Border Initiative y la Oficina de Washington para América Latina, muchas de las personas deportadas permanecen en Tapachula sin empleo y con dificultades para acreditar su identidad.
Las organizaciones señalaron que esta población se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que algunas personas carecen de documentos oficiales de identidad.
Los deportados son principalmente ciudadanos de Venezuela, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití.
INM establece un plazo de 10 días para definir su situación migratoria
En el informe Desterrados al sur: el costo humanitario de la deportación, las organizaciones señalaron que las autoridades mexicanas otorgan a estas personas un plazo de 10 días para resolver su situación migratoria.
Durante ese periodo, según el documento, no se les permite trasladarse hacia otros estados del país.
El informe recoge testimonios y reportes según los cuales algunas de las personas deportadas habían vivido durante años en Estados Unidos. Entre ellas habría personas que contaban con libertad condicional humanitaria, Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo pendientes.
Las organizaciones indicaron que algunos de estos mecanismos migratorios fueron cancelados o revocados durante la administración del presidente Donald Trump.
Migrantes permanecen temporalmente en la Estación Migratoria Siglo XXI
Las organizaciones señalaron que, inicialmente, después de ser trasladados a Tapachula, algunos deportados eran dejados en espacios públicos, incluida la plaza central de la ciudad.
Posteriormente, indicaron, el INM comenzó a trasladar a estas personas a la Estación Migratoria Siglo XXI.
Según el informe, los migrantes permanecen ahí durante un periodo que generalmente no supera las 36 horas, aunque en algunos casos puede extenderse hasta siete u ocho días.
Después de ser liberados, las organizaciones señalaron que vuelven a quedar sin acompañamiento institucional para resolver su situación migratoria y encontrar alternativas de alojamiento o empleo.
Organizaciones advierten riesgo de exposición a la violencia
El informe también señala que el INM realiza traslados regulares de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia sus respectivos países mediante autobuses que llegan a las fronteras.
Las organizaciones advirtieron que estas personas podrían quedar nuevamente expuestas a situaciones de violencia que, en algunos casos, estuvieron relacionadas con su decisión de abandonar sus países de origen.
Respecto de quienes permanecen en Tapachula, el documento señala que se trata de una población poco visible en la ciudad. Entre los deportados también se encuentran adultos mayores.
Las organizaciones indicaron que los albergues de la zona no presentan una saturación evidente, aunque señalaron que algunas personas podrían estar alojándose en condiciones precarias y de hacinamiento.
Deportados reciben documentos con información limitada
Después de ser liberados por el INM, cada persona extranjera recibe un documento que, según el informe, consiste en una carta de alta fotocopiada.
Las organizaciones señalaron que el documento indica que las personas no fueron detenidas por motivos migratorios, sino retenidas con fines estadísticos.
Sin embargo, el CDH Fray Matías y Kino Border Initiative señalaron que las autoridades no proporcionan información suficiente sobre lo que ocurrirá cuando concluya el plazo de estancia ni sobre las opciones legales disponibles para estas personas.
Además, ambas organizaciones reportaron casos en los que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) no habría devuelto documentos oficiales de identificación a personas deportadas a México.
El informe plantea que la falta de documentos, empleo e información sobre los procedimientos migratorios incrementa las dificultades que enfrenta esta población mientras permanece en territorio mexicano.