La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los avances de una investigación contra una presunta organización dedicada al contrabando de combustibles, en la que figura el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y que, de acuerdo con las autoridades, habría provocado un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
En un mensaje videograbado, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que un juez libró 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la red, entre ellos empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales, servidores públicos y el exmandatario estatal. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas, mientras continúan los operativos para localizar a los 21 restantes.
Según la investigación, la organización importaba gasolina y diésel provenientes de refinerías de Texas mediante declaraciones falsas o incompletas presentadas en las aduanas. El esquema consistía en reportar volúmenes inferiores a los realmente transportados o registrar el combustible como otro tipo de mercancía para reducir el pago de impuestos.
La FGR detalló que algunos carros tanque de ferrocarril eran declarados con cargas de alrededor de 10 mil litros, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros de hidrocarburos. Posteriormente, el combustible era descargado en instalaciones ferroviarias y distribuido mediante pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas que, de acuerdo con la indagatoria, operaban sin los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético.
La dependencia señaló que la reconstrucción de la operación fue posible mediante el análisis de información aduanera, ferroviaria, fiscal, financiera y corporativa, lo que permitió identificar la ruta seguida por los cargamentos desde su ingreso al país hasta su distribución.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía detectó que dejaron de declararse más de 15.2 millones de litros de combustible, lo que representó una evasión estimada de 88.5 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y 18.2 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de otras afectaciones fiscales.
No obstante, al ampliar la revisión a 4 mil 238 operaciones de importación realizadas en aduanas de Tamaulipas, la FGR estimó que el posible daño al erario supera los 4 mil millones de pesos.
En el plano financiero, la investigación identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. De acuerdo con Ernestina Godoy, parte de esos recursos habría sido canalizada mediante “cuentas puente”, utilizadas para recibir y transferir dinero de forma inmediata con el propósito de dificultar el rastreo de los recursos y de sus beneficiarios finales.
La titular de la FGR aseguró que la carpeta de investigación está sustentada en peritajes, análisis científicos, información financiera y pruebas documentales. Agregó que los operativos continúan en distintas entidades del país para cumplimentar las órdenes de captura pendientes.
La FGR subrayó que las imputaciones forman parte de una investigación en curso y que será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad de las personas señaladas conforme avance el proceso penal.