La petición presentada por una congresista para suspender temporalmente al presidente Gustavo Petro abrió un debate político y jurídico en Colombia sobre las facultades de la Comisión de Investigación y Acusación y el proceso constitucional para juzgar al mandatario.
Bogotá, Colombia, 10 de junio de 2026.- Una solicitud presentada por la congresista Gloria Arizabaleta para suspender temporalmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, provocó controversia política y discusiones jurídicas sobre el alcance de las facultades de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El documento plantea que Petro sea suspendido de sus funciones hasta el 21 de junio, fecha en la que se celebrará la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, en el contexto de una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política.
Hasta el momento, ni el mandatario colombiano ni la Presidencia de Colombia habían emitido un posicionamiento oficial sobre la solicitud.
El documento fue firmado por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano con funciones judiciales encargado de conocer denuncias contra el presidente y otros altos funcionarios. Arizabaleta forma parte del oficialista Pacto Histórico.
El congresista Jorge Alejandro Ocampo, integrante de la misma Comisión, aseguró en un video difundido a medios que “no hay ninguna decisión tomada contra el presidente”, por lo que Petro continúa en funciones. Además, indicó que el tema no estaba incluido en la agenda oficial de la reunión prevista para este miércoles.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la posibilidad de que la Comisión pueda suspender al mandatario de manera unilateral. A través de redes sociales, explicó que, conforme a la legislación colombiana, únicamente el Senado tiene la facultad de suspender al presidente, y sólo después de que la Cámara de Representantes actúe como ente acusador en un proceso penal o disciplinario.
El ex presidente Iván Duque también cuestionó la solicitud y afirmó que un solo congresista no tiene atribuciones para ordenar la suspensión presidencial. Además, consideró que la petición coincide con el contexto electoral y cuestionó sus posibles motivaciones políticas.
De acuerdo con el procedimiento constitucional colombiano, la Comisión de Investigación y Acusación debe analizar las denuncias contra el presidente y determinar si las archiva o presenta un proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes. En caso de ser aprobado, el proceso se remite al Senado, que tiene la facultad de juzgar al mandatario.
Si el juicio político avanzara hasta sus últimas etapas, el Senado podría determinar la destitución presidencial y posteriormente remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para una investigación judicial.