El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en mayo un paquete de reformas educativas que entrarán en vigor este ciclo escolar, entre ellas una de las más polémicas: la autorización para que los maestros apliquen castigos físicos a los alumnos, según lo estipulado en el decreto HB 1255.
La nueva medida permite que los docentes y directivos recurran a esta práctica siempre que los padres de familia hayan dado un consentimiento previo por escrito. Además, cuando se ejecute la sanción, deberá estar presente un adulto adicional y posteriormente se informará a los padres con un reporte detallado.
El permiso de los tutores puede mantenerse vigente hasta por tres años, periodo tras el cual la junta escolar distrital está obligada a revisar el decreto para renovar o ajustar su aplicación.
Paralelamente, otras disposiciones educativas también fueron modificadas. Entre ellas, la eliminación de un decreto que obligaba a incluir a poblaciones minoritarias y con bajos recursos en los esfuerzos de integración escolar.
Asimismo, se autorizó a las escuelas adquirir y administrar opioides de emergencia adicionales a la naloxona, ampliando el alcance de las medidas de respuesta médica dentro de los planteles.
Con estas reformas, la política educativa de Florida se encamina hacia un enfoque más conservador y disciplinario, generando un debate nacional sobre los límites en el manejo de la disciplina escolar y la protección de los derechos de los estudiantes.